La dependencia precisó que las personas que aparecen en la fotografía, en el orden señalado, son Pedro Román Oseguera Cervantes, Manuel Genaro Méndez Montes, César Alejandro V.U., Javier Gerardo M.M, José Alfredo J.Q., Ricardo T.G y Karina M.G.

Con esta aclaración, la Unidad Especializada rechazó las versiones que vinculaban la imagen con agentes extranjeros, reiterando su disposición de proporcionar datos oficiales a fin de que no se difunda información no confirmada.

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De acuerdo con Milenio, la imagen evidencia que los sujetos portaban armas y vestían como agentes estatales, lo que ha intensificado los cuestionamientos sobre la legalidad de su presencia en territorio mexicano.

El caso ocurre en medio de la crisis que ya provocó la renuncia del fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, tras las contradicciones en la información oficial sobre estos hechos.

La difusión de la fotografía suma presión a las autoridades, al convertirse en una prueba visual que refuerza las dudas sobre una posible intervención extranjera fuera de los canales legales y sin claridad sobre quién autorizó su participación.

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De acuerdo con la mandataria, la creación del organismo no era necesaria. Esto pues a sus ojos, la internación de los agentes fue obra de la Fiscalía General del Estado o, de la propia entidad. 

“Dijo que iba a crear una unida de investigación para saber que fue lo que pasó, no se requerían tantas unidades de investigación para saber lo que pasó. O fue la Fiscalía o fue el Gobierno…No hay de otra. O fue la Fiscalía del Estado o fue el Secretario de Seguridad. No hay más opciones”, aseguró. 

Tras la reunión de Campos Galván con el Secretario de Protección y Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, la ejecutivo federal insistió en que la muerte de los agentes en la Sierra de Chihuahua no es un tema político, sino una violación a la soberanía del país. 

Por último, dijo estar a la espera de ver que resultados aporta la unidad creada por la gobernadora de Chihuahua. 

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De acuerdo con el comunicado emitido por la Federación, uno de los elementos ingresó al país en calidad de visitante, mientras que el segundo hizo lo propio con un pasaporte diplomático. 

Este mismo señala que el gobierno que dirige Claudia Sheinbaum nunca estuvo enterado ni de la presencia ni de las operaciones de los mencionados. Reitera también que las leyes de este país no permiten el trabajo de campo de agentes extranjeros en suelo nacional. 

Si bien, se presume que dichos elementos participaron en la destrucción de un laboratorio de narcóticos, la Fiscalía del Estado de Chihuahua ha negado dicha versión en diversas ocasiones, señalando que su encontraban en la entidad para realizar únicamente labores de adiestramiento. 

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Dicho percance cobró la vida de Pedro Román Osegura Cervantes y otro agente estatal más después de que perdieran el control de su unidad entre los municipios de Guachochi y Meoqui y cayeran a un barranco. 

“Tenemos claro que hay colaboración. Que se trabaja en coordinación, pero no hay operativos conjuntos. No se nos avisó”, dijo la presidenta en su conferencia de prensa mañanera. 

La ejecutivo federal reiteró que el esfuerzo que desató en el accidente mortal fue un operativo únicamente coordinado por las autoridades de este estado y sus contraparte americanas. 

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Ingeniero industrial nacido en Chihuahua Capital, se desempeñaba como supervisor de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para la empresa canadiense que operaba la mina: Vizsla Silver.

Junto a el fueron secuestrados otros mineros del lugar, Ochoa Pérez es el sexto fallecido identificado.

Tenía 39 años de edad.

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Las autoridades presentes acordaron entre otros puntos, reforzar la estrategia para el rescate de los espacios públicos y la atención a las causas de la violencia, a través de programas como Sendero Seguro, Siempre Presentes, Justicia Cívica y Ángeles Guardianes.

Además reiteraron que se mantendrá la presencia permanente de las corporaciones de los distintos niveles de Gobierno en el municipio de Guadalupe y Calvo, particularmente en el poblado de Atascaderos, para tranquilidad de la población.

A la reunión asistieron los secretarios general de Gobierno, Santiago De la Peña y de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; la delegada para Programas del Bienestar, Mayra Chávez y los generales Felipe González y David Antonio López, comandantes de las zonas militares Quinta y 42, respectivamente.

También acudieron el delegado de la Fiscalía General de la República, Victorino Porcayo; el coordinador de la Guardia Nacional, Israel Caro; así como los representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila, y del Instituto Nacional de Migración, Zaira Carrasco.

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El convenio reúne a instancias como la Fiscalía General del Estado, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el Tribunal Superior de Justicia, con el propósito de mejorar la forma en que se reciben y atienden las denuncias, evitando que los casos sean archivados sin fundamento y garantizando un acompañamiento adecuado a las víctimas.

Durante su mensaje, la mandataria estatal señaló que la responsabilidad de los gobiernos es trabajar para que ninguna mujer tenga que vivir violencia, pero también brindar apoyo real a quienes la han sufrido para que puedan reconstruir su vida con dignidad y oportunidades. Destacó que parte de esta estrategia incluye fortalecer servicios como estancias infantiles, transporte público más seguro, sistemas de videovigilancia y el trabajo de la Fiscalía, que ha llevado ante la justicia a casi 600 agresores.

El acuerdo también contempla la instalación de una mesa de trabajo permanente para revisar y mejorar los protocolos de atención, así como programas de capacitación para servidores públicos con perspectiva de género, enfoque de infancia y respeto a los derechos humanos.

Por su parte, Raquel Bravo Osuna, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, señaló que la firma del convenio representa un paso para fortalecer la coordinación entre instituciones y avanzar en la erradicación de la violencia de género. En el mismo sentido, la fiscal especializada Wendy Chávez subrayó que institucionalizar estas acciones permitirá ofrecer un respaldo más sólido a mujeres y niñas que enfrentan situaciones de violencia.

Finalmente, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera, enfatizó que garantizar una vida libre de violencia para las mujeres requiere el trabajo conjunto de quienes investigan, acompañan y juzgan, pues el acceso a la justicia depende de una coordinación efectiva entre todas las instituciones.

El cargo Firma Maru Campos convenio para reforzar la protección y acceso a la justicia para las mujeres apareció primero en Juárez Digital.

La convocatoria, promovida también por el Consejo Estatal para el Fomento al Emprendimiento, está dirigida a personas físicas y morales que desarrollen propuestas destacadas por su creatividad, innovación y alto valor agregado.

La inscripción representa la primera fase del proceso de evaluación, mediante la cual el Consejo podrá conocer a detalle cada una de las postulaciones presentadas por los participantes.

El proceso de selección contempla tres etapas de evaluación, que incluyen la revisión del registro y documentación, una evaluación por parte de especialistas y, finalmente, la selección de los proyectos ganadores.

Las y los interesados podrán participar en alguna de las siguientes cinco categorías:

• Emprendimiento Visionario: iniciativas con productos o servicios innovadores o disruptivos capaces de generar nuevos nichos de mercado.
• Emprendimiento Tradicional: proyectos que crean o comercializan productos o servicios existentes con elementos diferenciadores en su modelo de negocio.
• Mujer Emprendedora: reconocimiento a negocios fundados por mujeres que han impulsado el crecimiento y consolidación de sus organizaciones.
• Emprendimiento Sostenible: propuestas que promueven la sostenibilidad ambiental en el entorno laboral y comunitario.
• Emprendimiento de Impacto Social: iniciativas que contribuyen al desarrollo económico de comunidades vulnerables y generan beneficios para grupos en situación de desventaja.

Entre los requisitos establecidos en la convocatoria, las personas interesadas deberán ser originarias del estado de Chihuahua o contar con al menos un año de residencia comprobable, además de ser fundadoras o socias mayoritarias del proyecto que se postule.

Asimismo, el negocio o emprendimiento deberá tener un máximo de cinco años de operación dentro del estado.

El registro de candidaturas se realizará de manera electrónica a través del formulario.

La convocatoria estará abierta del 9 de marzo al 31 de agosto de 2026. Posteriormente se desarrollarán las etapas de evaluación y selección de finalistas, mientras que la ceremonia de premiación se llevará a cabo el 8 de diciembre de 2026.

Cada una de las categorías otorgará un estímulo económico de 100 mil pesos al primer lugar y 50 mil pesos al segundo, además de una presea conmemorativa y acciones de promoción y difusión para los proyectos ganadores.

El cargo Invita Gobierno del Estado a participar en la convocatoria del Premio Chihuahua Emprende 2026 apareció primero en Juárez Digital.

Marco Bonilla, Presidente Municipal de Chihuahua, afirmó que la construcción del edificio está financiado por FECHAC y la SEMIC.

“Todas las sanciones que imponemos se van a la construcción de este refugio para niñas y adolescentes víctimas de la violencia”, agregó.

La ley que prohibe la interpretación de corridos tumbados y narcocorridos en eventos públicos se creó en julio de 2023 y las multas pueden superar los 1.2 millones de pesos.

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