Llamadas de broma al 911 serán delito; buscan proteger la atención de emergencias reales
Ante el alto número de reportes falsos que saturan las líneas de emergencia, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma para tipificar como delito las llamadas de broma o avisos inexistentes al 9-1-1, una práctica que cada año moviliza recursos de seguridad y rescate que podrían estar atendiendo emergencias reales.
La iniciativa, presentada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, fue avalada por el Poder Legislativo con el objetivo de frenar el uso irresponsable del número de emergencias y garantizar que ambulancias, patrullas, bomberos y cuerpos de rescate puedan responder con mayor rapidez a incidentes verdaderos.
Datos oficiales señalan que durante 2025 el sistema 9-1-1 en Chihuahua recibió 2 millones 454 mil 268 llamadas, de las cuales 65.3 por ciento fueron improcedentes, es decir, no correspondían a emergencias reales.
En Ciudad Juárez, autoridades han advertido que alrededor del 60 por ciento de los reportes que ingresan al sistema resultan ser falsos o no constituyen una situación de riesgo, lo que representa miles de llamadas mensuales que consumen tiempo y recursos operativos.
La diputada Nancy Frías, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso, explicó que cada llamada obliga a los operadores a activar protocolos de atención como si el incidente fuera real, lo que puede derivar en el envío de unidades de emergencia y dejar momentáneamente sin cobertura a otras zonas donde sí se requiere ayuda.
Con la reforma se adiciona el Artículo 307 Bis al Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual establece que quien realice de manera dolosa una llamada falsa o reporte un hecho inexistente que provoque la movilización de servicios de emergencia podrá enfrentar de seis a doce meses de prisión, además de multas de entre 100 y 400 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
La legislación también contempla sanciones más severas cuando la llamada falsa provoque el despliegue de corporaciones o genere daños o perjuicios, pudiendo aumentar hasta en una mitad la pena de prisión y hasta en una tercera parte la multa.
Con esta reforma, autoridades buscan reducir los reportes falsos y garantizar que el sistema de emergencias responda de forma oportuna a quienes realmente enfrentan una situación de peligro.
