A CUATRO AÑOS DEL JUEVES NEGRO; LA INJUSTICIA, IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN SIGUEN GOLPEANDO A  FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS.

Los hechos de ese día generaron terror en la población, no fue un ataque aislado sino que formó parte de una estrategia para generar disturbios y psicosis en Ciudad Juárez

La justicia no ha llegado a cuatro años del Jueves Negro, como se le nombró a una ola de violencia desatada el 11 de agosto del 2022 que inició con un motín en el Centro de Readaptación Social (Cereso) 3 de Ciudad Juárez y dejó víctimas, dolor y muerte en esta frontera.

Ese hecho desencadenó ataques coordinados en contra de los ciudadanos dejando 11 personas asesinadas y daños en varios negocios que fueron incendiados e incluso baleados.

A la fecha ningún funcionario o autoridad ha sido sancionado por los actos de corrupción que provocaron esos ataques armados.

Los custodios que fueron detenidos como presuntos responsables de los homicidios ocurridos en el Cereso 3, quedaron exonerados y recuperaron su libertad el pasado 10 de junio, luego de que la propia Fiscalía General del Estado (FGE) retirara los cargos por falta de pruebas.

Tampoco se ha realizado la reparación del daño a las víctimas sobrevivientes ni a los familiares de los fallecidos.

Únicamente dos hombres se encuentran sujetos a un juicio oral como presuntos responsables de la quema de un camión, uno de los 29 atentados que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que conformaban el expediente del Jueves Negro.

Y es que las autoridades estatales han dado un cumplimiento parcial a la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la que se documenta una serie de irregularidades y anomalías al interior de el Cereso las cuales fueron el detonante de los ataques armados en contra de la población civil.

Un día que no se olvida porque retumba en el corazón y la mente de quienes lo vivieron de cerca

La tarde del 11 de agosto los atentados iniciaron en el centro penitenciario cuando integrantes de la pandilla “Los Mexicles” irrumpieron en el área 2 del reclusorio acompañados de un grupo de custodios identificados como “La Patrulla”, quienes le entregaron un arma de fuego al líder de esa ganga Ernesto Piñón de la Cruz, apodado “El Neto” y presuntamente responsable de asesinar a dos reos, Kevin Alan Campos Aguilera y Raúl Abraham Sepúlveda Olivas.

“Llegaron personas del área cuatro, alrededor de veinte, dirigiéndose al módulo donde estaba el encargado del área, no se les permitió entrar y comenzaron a golpear gente. Cabe señalar que iban acompañados de oficiales que conocemos como “La Patrulla”, quienes dejaron que los que ingresaron salieran y dispararan sus armas para dispersar a quienes nos encontrábamos ahí”, señala el testimonio de un reo que fue recopilado como parte de la recomendación 55/2023 emitido por la CEDH.

Ese día en el penal fueron decomisadas dos armas de fuego calibre 5.7 x 28 milímetros, una con cargador con 15 cartuchos útiles y otra con 12 cartuchos.

Un arma fue asegurada en el área 5 ocupada por “Los Mexicles” y otra en el área 4, dio a conocer la dependencia estatal en el documento.

En la recomendación se expuso una red de corrupción, la presencia de actividades ilícitas y negligencia operativa en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, incluyendo el hecho de que se permitía que operará un autogobierno lo que permitió que el ataque al interior del penal fuera facilitado por un grupo de custodios.

Ante el modo de operación del Cereso 3, la CEDH ordenó que se iniciara un procedimiento administrativo en contra de los funcionarios públicos involucrados en los hechos; que se entregara a la FGE la evidencia y/o diligencias necesarias para la integración de una carpeta de investigación; la identificación de las víctimas directas e indirectas para la reparación del daño; y tomar acciones para evitar la repetición de hechos similares.

Cuando ocurrió el Jueves Negro, la autoridad a cargo del Cereso 3 era la FGE, sin embargo la recomendación fue dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal -quien asumió la responsabilidad de los centros penitenciarios de la entidad el 30 de enero del 2023, luego de que ocurrió el motín y fuga de reos el primero de enero de 2023-.

Tras ese motín y fuga de 26 internos, el entonces líder de “Los Mexicles” y también presunto responsable de orquestar el Jueves Negro y la reyerta y fuga de reos, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, murió.

Fue abatido a balazos el 5 de enero del 2023 durante un enfrentamiento con militares y elementos ministeriales.

De acuerdo con datos periodísticos, quien asumió el liderazgo de la pandilla “Los Mexicles” fue Gerardo L.G., alías El Tokio, a quien se le relaciona con la muerte de tres personas tras ser detenido el pasado 21 de julio en una vivienda del fraccionamiento Bosques de Senecú, en posesión de armas de fuego exclusivas de uso del Ejército, dinero y drogas.

La herida sigue abierta: CEDH señala incumplimiento en investigar el Jueves Negro

Aunque han transcurrido cuatro años del lamentable Jueves Negro, y por ende de la trifulca en el penal, la SSPE no ha dado cumplimiento total a la recomendación hasta el día de hoy.

Tania Serrano Rodríguez, vocera de la CEDH, informó que la recomendación está todavía en vías de cumplimiento.

A la fecha se han realizado algunos registros de víctimas y se han dado algunas atenciones integrales, pero no hay evidencias del registro de todas ellas ni de una indemnización integral en la reparación del daño.  

Respecto a las medidas de compensación que debían realizarse, la CEDH no tiene conocimiento de avances, dijo la vocera.

En cuanto a las medidas de no repetición, se informó de avances sobre medidas preventivas y administrativas derivadas de adecuaciones en el centro penitenciario, así como la impartición de cursos de capacitación, explicó Serrano.

Jorge Armendáriz, titular de Comunicación Social de la SSPE, informó que después del Jueves Negro se realizaron traslados, una clasificación más específica de los internos mediante análisis de criminología, se reforzaron los operativos en las cárceles e ingresaron 193 nuevos elementos al sistema penitenciario.

Sin embargo, cinco meses después del Jueves Negro ocurrió el motín y fuga de reos donde en total 17 personas fueron asesinadas y 26 internos se escaparon.

A la fecha siguen prófugos dos internos: Esteban Ramón Ruiz Pérez y Jorge Arturo Meléndez Alvídrez, indicó Armendáriz.

A cuatro años del Jueves Negro, las investigaciones de FGR y FGE abarcan solamente la quema de un camión y juicio por terrorismo

Por los hechos acontecidos en el Jueves Negro la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua y la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron diversas investigaciones.

Por su parte la FGR abrió una carpeta de investigación con número 1188/2022, en la cuál presentó cargos legales y llevó a juicio a dos personas, Jorge Antonio C.B., alias “Seky”, y Juan Carlos V., acusados de haber cometido el delito de terrorismo.

Sin embargo, Jorge Antonio denunció que fue torturado para aceptar una responsabilidad e inculpar a Juan.

Además, Jorge Antonio resultó positivo al Protocolo de Estambul, un manual para investigar y documentar la tortura y los tratos crueles e inhumanos.

En el juicio oral que se sigue en contra de Jorge Antonio y Juan, los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la FGR informaron que el Jueves Negro está conformado por 29 hechos violentos.

Pero los dos hombres únicamente están acusados de la quema de un camión con número económico 9232, que estaba estacionado en las calles Riveras de Tepeyac y Rivera de Delicias del fraccionamiento Riveras del Bravo etapa VIII.

De acuerdo con la FGR Juan ordenó incendiar el camión y Jorge Antonio utilizó dos bombas molotov para prenderle fuego como medida de distracción pues ninguna persona resultó lesionada en ese hecho.

El punto es que la Fiscalía estableció en su defensa que ese hecho generó terror en la población y no fue un ataque aislado sino que formó parte de una estrategia para generar disturbios y psicosis en Ciudad Juárez e influir en una decisión del Estado para no trasladar a reos a otros centros penitenciarios, que vulneró la paz y la seguridad, pero además trató de hacer creer que la violencia se imponía sobre las instituciones causando confusión y miedo entre la población.

Actualmente ese juicio oral está en proceso en el Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) ante la jueza Victoria Alejandra Espinoza Alaniz.

Por su parte, la FGE presentó cargos en contra de seis hombres, pero no por los hechos relacionados a el Jueves Negro ni por el homicidio de 11 personas y los daños causados a los negocios incendiados y/o baleados, sino por un enfrentamiento a balazos ocurrido horas después, aproximadamente a las 3:00 de la mañana del 12 de agosto en la colonia Ampliación Aeropuerto en contra de policías municipales.

Los detenidos fueron identificados como: Víctor Hugo Lozano Tarango, Jorge Adrián Villegas López, Ezequiel Alemán Ceballos, Manuel Alfredo Luna Gardea, Willian Serafín L.P. y José Antonio L. E.

Este último fue encontrado inocente en el juicio oral 10//2024; William murió antes de ser puesto a disposición de un juez de Control, presuntamente por la golpiza que recibió al momento de la detención.

Las otras cuatro personas fueron sentenciadas a 379 años de cárcel por el delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de los agentes municipales, de acuerdo con una ficha informativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado.

Impunidad total para los mandos señalados por la CEDH, ningún ex funcionario ha sido castigado

A pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ordenó en la recomendación 55/2023 que se iniciara un procedimiento administrativo en contra de los funcionarios públicos involucrados en los hechos, a la fecha ningún de las personas que se desempeñaban como funcionarios públicos ha sido sancionado y quienes ocupaban cargos de primer nivel no han sido detenidos.

Después del Jueves Negro, la Fiscalía anunció que abrió una carpeta de investigación en contra de quien era director del Cereso al momento de los hechos, Francisco Javier Delgado Soto.

Él renunció a su cargo una semana más tarde, el 19 de agosto y a la fecha se desconoce si la FGE inició alguna carpeta de investigación en su contra por ese hecho.

El titular del Sistema Penitenciario Estatal en ese momento era Luis Alfonso Harris Arrondo y el fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte.

Ambos permanecieron en sus cargos hasta enero del 2023 cuando sucedió el motín y la fuga de reos.

Al ser cuestionados sobre lo ocurrido con esos funcionario la FGE declinó dar información sobre la investigación.

La vocera en la zona Norte, Gabriela Cota, dijo que la carpeta de investigación relativa al Jueves Negro está en la capital del Estado y no dio respuesta oficial a la solicitud de proporcionar datos.

Tampoco el fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, estuvo disponible para una entrevista, de acuerdo con Cota.

Lo único que consta en información es que la FGE de Chihuahua inició una investigación en contra de cinco ex custodios del Cereso 3, por una presunta responsabilidad en el motín sucedido ese día, ellos fueron identificados como Diego A. M., Pedro H. S., Jorge Emmanuel O. O., Armando T. D. y Francisco R.M.

Contra ellos se inició la causa penal número 7356/2022, sin embargo, el pasado 10 de junio se decretó el sobreseimiento de la causa penal iniciada contra ellos.

Esto fue a solicitud del Ministerio Público adscrito a la propia FGE, es decir, esa autoridad retiró la acusación por falta de pruebas, informó personal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua.

Ese mismo día se ordenó la libertad de los cinco ex custodios.

Jorge Armendáriz, vocero de la SSPE, explicó que los ex celadores estuvieron presos en el Cereso 3 durante varios meses y posteriormente se aprobó un arraigo domiciliario, donde permanecieron hasta su última audiencia del pasado 10 de junio cuando se les concedió libertad.

Oscar Máynez, criminólogo y catedrático en la UACJ, señaló que se debe sancionar a las autoridades que permitieron que en el Cereso 3 se gestaran los ataques a la población civil e indicó que el Estado está obligado a reparar el daño a las personas que fueron afectadas en su proyecto de vida por delincuentes que las atacaron solo para crear un caos en la ciudad.

“¿Cómo es que tenían armamento adentro del Cereso? ¿Cómo es posible que se estuvieran comunicando las bandas criminales con sus operadores afuera? Que el Estado no lo haya percibido, que no se diera cuenta. ¿Cómo es posible que hayan logrado escaparse con lujo de violencia? El sistema penitenciario tuvo tremendas fallas”, indicó el especialista.

Además, dijo que el hecho de que desde el interior se ordenara una serie de ataques coordinados contra los ciudadanos, habla de los niveles de corrupción del sistema penitenciario. Consideró necesario que el Estado cumpla con la reparación del daño a las víctimas.

Sara Patricia Galaviz, responsable en el estado de Chihuahua de la organización civil Poder Ciudadano, refirió que el Jueves Negro es un reflejo de la impunidad que existe en el país y señaló que difícilmente las investigaciones en contra de las autoridades o funcionario públicos terminan en una sanción.

“Todo esto es por la impunidad que existe en todo nuestro país. Eso es la base fundamental de todo lo que nos acontece hoy como como ciudadanía en cuanto a violencia e inseguridad de una manera extrema. Digo y para prueba ese jueves, ese jueves en el ¿qué en dónde estaban las autoridades?, y es que tenemos una colisión de autoridades con la delincuencia o simple y sencillamente una delincuencia que rebasa las autoridades”, dijo.

Galaviz también indicó que las investigaciones en contra de autoridades no llegan a un buen término por más denuncias que se hagan, por lo general se quedan suspendidas en el aire y eso fomenta la impunidad. Además, expresó que a la impunidad se suma la indiferencia de los ciudadanos, quienes por miedo o apatía deciden no exigir resultados.

“Es el sentir de mucha gente, que dice ¿para qué?, si de nada sirve. ¿Para qué levanto la voz si no me escuchan? El hartazgo, la apatía se ha convertido en el día de hoy, en la comunidad, en algo que nos afecta demasiado porque por parte de las autoridades siguen haciendo cosas pues al cabo no pasa nada”, agregó.