“LAS COSAS ESTÁN MUY FEAS, SI NO TIENEN NADA A QUE SALIR NO SALGAN”, ADVERTENCIA DE CUSTODIO

Las viudas reconocen que la corrupción existe en al Cereso 3 de Ciudad Juárez, sin embargo, defienden la idea de que sus esposos no formaban parte de esta red de complicidades que quedó evidenciada tras el motín y la fuga de internos

La tarde del 11 de agosto del 2022, Domingo Trejo Serrano se tomó unos minutos para enviarle un mensaje a su familia.

 Quería pedirle a su esposa e hijos que no salieran de la casa, y además les advirtió que las cosas se estaban poniendo muy feas al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, donde trabajaba como custodio.

Domingo se refería a un motín en el centro penitenciario, que dejó un saldo de dos internos asesinados y cuatro lesionados.

Ese día, 11 de agosto, él y sus compañeros salieron ilesos. Pero la trifulca en el centro penitenciario marcó el inicio de una serie de atentados en contra de la población civil, que se ha nombrado como Jueves Negro y que incluyó la quema intencional de camiones y de negocios, así como ataques a balazos contra establecimientos.

Ese día en total 11 personas fueron asesinadas.

“Sus palabras fueron: las cosas están muy feas. Si no tienen nada a que salir no salgan. Si necesitas algo háblales a tus hermanos, no vayas a salir para nada”, recordó Guadalupe esposa de Domingo y quien pidió la reserva de su nombre completo por las amenazas que han recibido.

Familias de custodios señalan como autores materiales del Jueves Negro a autoridades estatales

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) el Jueves Negro está relacionado con otro hecho violento registrado en el Cereso 3 de Juárez: un motín y la fuga de 26 internos que sucedió el primero de enero del 2023.

Durante la trifulca del primero de enero, Domingo y otros nueve de sus compañeros fueron asesinados cruelmente. También fueron privados de la vida siete internos.

De acuerdo con la FGE los responsables de ambos hechos son los integrantes de la pandilla “Los Mexicles”, una ganga identificada como aliada del cártel de Sinaloa.

Sin embargo, para las familias de los custodios asesinados además de los autores materiales de estos crímenes, las autoridades estatales también son los responsables del dolor de haber perdido a sus seres queridos porque permitieron la introducción de armas de fuego, droga y solaparon la corrupción en el reclusorio.

“Si ellos hubieran sobrevivido, a ellos se los hubieran llevado detenidos primero para ver qué era lo que había pasado. ¿Y por qué el director no está detenido, por qué el fiscal, por qué la misma gobernadora, por qué no? O sea, ella quitó al fiscal y se lo llevó a trabajar con ella, ¿por qué?”, cuestionó Guadalupe.

Al momento del motín y la fuga, como director del penal estaba Alejandro Alvarado Téllez, quien fue destituido el 3 de enero de 2023 bajo una supuesta investigación; y Luis Alfonso Harris Arrondo, era el director general del sistema penitenciario del Estado de Chihuahua, él fue cesado el 11 de enero de ese año.

Roberto Fierro Duarte, era el fiscal General del Estado, pero 16 días después de la fuga masiva de reos él fue enviado a desempeñarse como secretario particular y jefe de la oficina de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, lugar en el que se mantuvo hasta el 13 de junio de 2023, cuando dejó el cargo para reaparecer casi dos meses después como director jurídico de la Secretaría de Hacienda estatal.

En agosto del 2024, el Congreso del Estado ratificó a Fierro Duarte como secretario de la Función Pública y en enero del 2026 él rindió protesta como integrante del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).

El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Jorge Armendáriz, señaló que la investigación aún está en proceso en la Fiscalía General del Estado y en Asuntos Internos de la Secretaría y declinó informar si existe algún avance, incluso negó proporcionar el número de la carpeta de investigación.

El custodio Domingo estaba por cumplir 20 años de servicio y era padre de dos hijos de 16 y 14 años, quienes sobrellevan con dolor su ausencia.

La sola idea de recordar el sufrimiento que le infligieron a Domingo, aun ahora a tres años siete meses del asesinato, le duele a Guadalupe.

Ella se tapa el rostro con ambas manos y su voz se quiebra al pedir que no se den detalles de la decapitación y las heridas con arma blanca y a balazos que sufrieron él y varios de los custodios asesinados.

Guadalupe solo alcanzó a decir que una compañera de trabajo de Domingo le confirmó que él era una de las víctimas mortales, antes de romper en llanto.

Ante la catarsis de Guadalupe, Carmen esposa de otro de los custodios asesinados, de Carlos Santiago Padilla Silva, tomó la palabra para narrar que el último mensaje de su marido lo recibió el 31 de diciembre del 2022, un día antes del motín y fuga, cuando faltaban unos minutos para las 7 de la mañana y él estaba por ingresar a laborar al penal.

“Pues mi Carlos ese día, que fue el último día, me dijo: amor, te amo mucho. Feliz año. Me traes recalentado”, compartió Carmen.

Las viudas de los 10 custodios han formado un grupo de apoyo y presentaron dos demandas: una por daño moral y otra por daño al proyecto de vida, ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

En entrevista Carmen, también recordó que el primero de enero, una amiga la despertó para preguntarle si Carlos ya había regresado al hogar pues se reportaba un motín en el centro penitenciario.

La primera reacción de Carmen fue ir al Cereso, donde encontró un acordonamiento impenetrable y le dijeron “espérese a que le hablen de aquí o que se entere por las noticias”.

Ella se retiró, el día fue largo y tedioso, lleno de incertidumbre, hasta que le confirmaron que su esposo era uno de los 10 celadores asesinados.

“Fue muy triste. Yo tuve un trauma, no podía ver cuchillos en mi casa, no podía escuchar que cortaran o picaran verduras… le dieron con un cuchillo en un costado. O sea, tuvo una muerte lenta, se desangró, él sintió. Tristemente a unos compañeros les dieron un balazo y otros pues oyeron todo, se murieron lentamente, se desangraron lentamente y ¿por qué no los ayudaron?”, expresó Carmen.

Después del entierro, Carmen pasó cuatro meses prácticamente durmiendo, solo se levantaba a preparar comida para sus hijas entonces de 15 y 19 años, ella actualmente trabaja porque la pensión es insuficiente para afrontar los gastos familiares.

La depresión afectó también a la familia del policía de custodia Abel Juárez Hernández, a quien le sobreviven tres hijos y su esposa Brenda.

“Entramos todos en depresión, nos fuimos para abajo. Duramos hasta 15 días sin bañarnos, ninguno. Encerrados, a puerta cerrada, ventanas cerradas, todo. Era un miedo el pensar que alguien iba a llegar a la casa, que si salíamos ya nos tenían identificados”, contó Brenda.

La mujer también cuestionó porque torturaron a los elementos si ya los habían sometido y podrían simplemente haberlos dejado amarrados. El esposo de ella fue golpeado, torturado, y recibió un balazo en la nuca.

“Quedaron muy destrozados, o sea, los golpearon… Él, de hecho, a mí el 31 me habló también… eran las 11:30 pm, para decirme: feliz año. Y me dijo: trata de que no salga mi hijo porque se van a poner muy feas las cosas, aquí ya andan todos bien drogos y no sabemos qué vaya a pasar. Feliz año. Te veo el día 2. Y yo lo vine viendo el día 3 de enero en una caja”, expresó con tristeza.

De los 10 custodios asesinados, siete conformaban lo que internamente se conocía como “La Patrulla”, indicaron las entrevistadas.

En la recomendación CEDH:5s.1.055/2023, emitida el 29 de diciembre de 2023 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se documentó que el Jueves Negro el comandante a cargo de “La Patrulla” le entregó directamente un arma de fuego a un líder criminal de la pandilla “Los Mexicles”, identificado posteriormente como Ernesto Piñón de la Cruz, alias “El Neto”. En ese momento, él asesinó a dos internos.

Las viudas reconocen que la corrupción existe en al Cereso 3 de Ciudad Juárez, sin embargo, defienden la idea de que sus esposos no formaban parte de esta red de complicidades que quedó evidenciada tras el motín y la fuga de internos sucedida el primero de enero de 2023, pues las autoridades encontraron 10 celdas VIP y decomisaron 1.7 millones de pesos y otros artículos prohibidos.  

Yolanda, esposa del custodio Guadalupe Gámez Galán, explicó que su pareja no formaba parte de “La Patrulla”, estaba asignado a una torre de vigilancia. El día del motín y fuga fue baleado cuando iba llegando al reclusorio.

El cadáver de él quedó tirado en una caseta a la entrada del penal, recibió un impacto de bala en la cabeza y en una pierna.

“Él fue a trabajar porque le tocaba entrar ese día en la mañana, pero un día antes yo tuve un accidente. Y me dijo en la mañana: voy a ir, a ayudar a meter la visita porque es día primero y falta mucha gente, dice. Luego me dijo: voy y meto la visita y vengo para llevarte a otro lado al doctor”, explicó la mujer mientras se apoyaba en el bastón que utiliza para poder caminar.

Yolanda y el custodio tenían 24 años de matrimonio, procrearon solo un hijo, quien maduró de golpe tras el crimen pues ella estaba lesionada y los hermanos de la víctima se derrumbaron al recibir la noticia del homicidio.

“Nos cambian todo, porque nomás éramos nosotros tres. Siempre mi hijo, mi esposo y yo. Ahorita, como dicen las compañeras, salimos adelante por nuestros hijos. Yo ya no puedo trabajar, me valgo por mí misma a medias, hay muchas cosas que ya no puedo hacer porque tengo problemas para caminar. Mi hijo aprendió ese día, le tocó madurar de la noche a la mañana y aquí andamos batallando”, dijo Yolanda con un tono de voz apenas audible.

Las hijas e hijos de los 10 custodios sufren la ausencia de sus padres

Tras los homicidios, algunos de ellos se quedaron cuatro meses sin pensión alimenticia.

Janeth, ex esposa del custodio Edgar Omar Hernández García, señaló que, tras el asesinato a sus hijas e hijo de 16, 17 y 22 años y todos estudiantes se les quitó la pensión alimenticia e incluso actualmente se les entrega, pero es insuficiente y se debe dividir entre los tres.

“Es muy poco lo que ellos reciben y no pueden trabajar, ya son mayores de edad, pero no pueden trabajar porque si lo hacen se los quitan y apenas completan para la escuela y el transporte”, dijo Janeth.

La esposa del custodio Jaime Arciniega Alvarado, quien pidió reservar su nombre, quedó a cargo de un niño de dos años, otro de 11 y uno de 17 años. Actualmente además, de cuidar a sus hijos, trabaja para poder completar los gastos.

Aunado al aspecto económico los hijos e hijas de los custodios sufren porque se quedaron desamparados, de un momento a otro perdieron un ancla de sus vidas y nunca podrán recuperar a sus padres, coinciden en señalar las viudas.

“Ellos, así sean adultos, siempre los van a necesitar. Siempre hay necesidades, de apoyo moral, apoyo económico, porque así estén casados o lleguen a hacer sus propias familias, siempre hay necesidades y ellos ya no están… necesitamos al papá para que nos apoye para sacar adelante ese hijo. Y ya no están. Y eso la gobernadora y el fiscal no lo ven”, reclamó Janeth.

“A nuestros hijos siempre les va a hacer falta su padre, porque unos los perdieron más chicos, otros más grandes, pero era su padre, o sea, de una o de otra manera siempre les van a hacer falta, toda la vida y siempre va a ver el porqué, ¿por qué a nosotros”, expresó Guadalupe.

Las viudas dijeron que a la fecha no ha habido justicia ni una reparación integral del daño, solo se les ha entregado la indemnización por muerte y el seguro de vida.

“Yo quiero que caiga el fiscal y la gobernadora. Porque dijo la gobernadora el día dos (2 de enero) que era una hermana, una tía, una abuela para nuestros hijos, para nosotros. Y no está de nuestro lado, o sea, tiene mucha cola que le pisen. Ella estaba con El Neto”, acusó Brenda esposa del custodio Abel.

“Yo creo que eso ha sido la principal petición desde ese momento, o sea, que los culpables, que los responsables sean presos, mínimo… yo pienso que tienen que ver el director, el fiscal, todos los altos mandos de ese momento”, enfatizó Guadalupe esposa de Domingo y quien agregó que a pesar del paso del tiempo y de la inanición de las autoridades no pierde la esperanza de que la justicia llegue para sus familias.

Yolanda, la esposa del custodio Guadalupe Gámez Galán, también anhela que caigan los altos mandos, justicia, pero es menos optimista. “Yo sé que realmente nunca vamos a tener justicia. Es algo que no va a haber para ellos, pero no me gustaría a mí que otras familias no volvieran a pasar lo que nosotros estamos pasando”.

La base para las demandas interpuestas por las familias de los custodios asesinados, es el incumplimiento de la FGE

Al momento del motín y fuga, la Fiscalía era la institución responsable de los centros penitenciarios estatales y por ende estaba obligada a garantizar la seguridad de los internos y custodios, pero por el contrario incurrió en una actividad irregular al permitir la introducción de drogas, armas y personas ajenas al penal.

Además, existía una falta de capacitación y de adiestramiento al personal policíaco, informaron abogados del despacho Lex Iusta representantes legales de las familias.

El proceso para demandar la indemnización por daño moral y daño al proyecto de vida comenzó con una Reclamación Patrimonial del Estado presentada ante la FGE, quien no respondió.

La ley establece que si en tres meses no hay una respuesta los interesados deben recurrir al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), un órgano autónomo que puede dirimir controversias entre la administración pública, estatal y municipal, y los particulares, e imponer el pago de indemnizaciones.

Además de exigir las indemnizaciones, en las demandas se solicitó la no repetición de un acto similar y la investigación de los funcionarios públicos.

Por cada familia se presentó una demanda y se reclama una indemnización de 30 millones de pesos por daño moral y 10 millones de pesos por daño al proyecto de vida.

Las demandas habían recaído con diversos magistrados del TEJA, pero actualmente todas están en proceso de ser enviadas al magistrado presidente, Alejandro Tabares Calderón, para que las resoluciones salgan en el mismo sentido, informaron los abogados del despacho jurídico.