Sin acompañantes, pero ¿quién protege a las personas con discapacidad?

Los colectivos buscan que el reglamento municipal sea actualizado para armonizarlo con las leyes estatal y federal de movilidad, sin olvidar las condiciones de infraestructura

Transitar por las calles sin acompañante dejaría de ser motivo de sanción para las personas con discapacidad en Ciudad Juárez, luego de que regidores aprobaron una reforma al Reglamento de Seguridad Vial que reconoce su derecho a desplazarse con autonomía. El cambio todavía debe pasar por el Cabildo.

La modificación plantea eliminar la fracción sexta del artículo 106, que actualmente contempla que las personas con discapacidad física transiten por la vía pública con un tutor o acompañante y permite a las autoridades llamarles la atención o amonestarlas cuando no cumplan con esa disposición.

Con la nueva reforma, las autoridades y quienes utilizan las calles deberán respetar los derechos de las personas con discapacidad y movilidad reducida a la movilidad, accesibilidad, seguridad y autonomía.

También ahora establecen que no podrán ser discriminadas ni enfrentar restricciones por su condición para desplazarse por la vía pública.

El dictamen aprobado por unanimidad señala que una discapacidad, por sí sola, no podrá utilizarse como argumento para obligar a una persona a ir acompañada, impedir su desplazamiento o limitarlo de manera injustificada.

Además, los agentes de la Coordinación de Seguridad Vial deberán respetar su voluntad, dignidad y capacidad jurídica, y proteger su integridad cuando la persona lo solicite.

Laura Antillón, representante de Fundación Integra A. C., integrante del colectivo Peatones Heroicos y promotora de la modificación, consideró que el cambio representa un avance al reconocer la movilidad inclusiva como un derecho.

Sin embargo, advirtió que la propuesta aprobada atiende solo una parte de las modificaciones que han planteado las organizaciones ciudadanas.

Entre las demandas pendientes mencionó la construcción de puentes peatonales, infraestructura que, señaló, representa una barrera para distintos grupos de la población y puede resultar insegura y discriminatoria.

Antillón también recordó que tribunales en materia de amparo han emitido resoluciones relacionadas con este tipo de infraestructura.

Los colectivos también buscan que el reglamento municipal sea actualizado para armonizarlo con las leyes estatal y federal de movilidad.

Además, organizaciones ciclistas plantean que los incidentes entre vehículos y bicicletas sean considerados atropellos y no choques o colisiones, así como establecer reglas para proteger la red de ciclovías y mejorar las condiciones de seguridad entre automovilistas y ciclistas.