“Quiero volver a correr”: A tres años del Jueves Negro, Carlos no puede alcanzar su sueño

Carlos Alberto sobrevivió al ataque de los criminales, aunque sigue con una bala en la pierna y sin justicia; es sordomudo, y el Estado no tiene a nadie que le hable en su lengua, mientras, sobrevive en el abandono

El 11 de agosto de 2022, Carlos Alberto Holguín Peña fue atacado con balas, pero también con silencios.

Ese jueves negro, Ciudad Juárez vivió una de las jornadas más cruentas de su historia reciente: comandos armados salieron a las calles con una orden criminal —disparar contra civiles inocentes— como estrategia para sembrar terror y facilitar la liberación de un líder criminal desde el interior del Cereso 3.

Carlos estaba trabajando. Era repartidor de pizzas y había entrado a una sucursal de Little Caesars, ubicada en el cruce de la avenida Ejército Nacional y Misión Diego de Alcalá, justo antes de que comenzara la balacera.

No escuchó las ráfagas. No oyó el caos. No pudo saber que, afuera, en el estacionamiento, cuatro empleados de una radiodifusora eran ejecutados. Carlos es sordomudo. La única señal que tuvo del horror fue cuando los pedazos de plomo caliente le desgarraron sus piernas.

Cayó al suelo sin entender lo que ocurría. Se arrastró como pudo para alejarse de la línea de fuego. En medio del miedo, activó su celular y (video) llamó a su esposa —también sordomuda— para avisarle que seguía con vida. 

Tres años después de ese atentado, Carlos sigue esperando justicia. Y atención médica. Y un poco de paz.

Una bala que no sale, un Estado que no responde

Desde ese día, la vida de Carlos se partió en dos. Sigue con una esquirla alojada en la pierna izquierda. El dolor no lo deja correr. Le cuesta caminar. Y cuando ha intentado regresar al futbol o siquiera trotar, el cuerpo no le responde.

Sigue trabajando en una maquiladora, como desde hace ocho años, pero su movilidad es reducida. Sus citas médicas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son espaciadas y tardías. Apenas si logrará ver al médico familiar en septiembre. En tanto, la esquirla sigue allí. Y el dolor también.

Su madre, Hortensia Peña Payán, lo acompaña en este calvario. Ella lo ha visto intentar reactivarse, levantarse, resistir. Carlos quiere volver a repartir comida en motocicleta, como antes. Tenía ese segundo empleo para darle una mejor vida a su esposa y a sus dos hijas. Había comprado una moto. Tenía planes. Ese 11 de agosto, todo se vino abajo.

Hoy, Carlos vive en unos cuartos que le presta su suegra. Tiene un terreno pequeño, pero no el crédito de Infonavit ni los recursos para construir un hogar. “Mi hijo lo único que quiere es vivir con dignidad”, dice Hortensia, llena de impotencia.

Una ayuda que nunca llegó… porque no hablaban su “lengua”

Poco después del ataque, la Fiscalía General del Estado le ofreció atención psicológica a Carlos. Pero nunca se concretó. La razón: ninguno de los especialistas sabía lengua de señas.

Ese gesto, que debía ser reparación del daño, se convirtió en burla. El Estado que no lo protegió, tampoco supo cómo atenderlo. El sobreviviente fue dejado solo, otra vez, en su propio silencio.

Ni siquiera se ha dado seguimiento a su proceso médico, ni le han facilitado un abogado, un traductor, un gestor. Todo lo que ha conseguido ha sido por sus propios medios o con el apoyo de su madre y su esposa.

“Carlos no se queja mucho —dice Hortensia—, pero yo veo cómo le cuesta. No solo el dolor físico, también el cansancio emocional. Siente que no vale para las instituciones. Que su vida no importa”.

El ataque que vino desde dentro

Para la diputada local María Antonieta Pérez Reyes, el Jueves Negro no fue un hecho aislado, sino la consecuencia directa del colapso del sistema penitenciario en Chihuahua y de una estructura institucional fallida.

Señala como principal responsable al entonces fiscal general del estado, Roberto Fierro Duarte. Bajo su gestión, el Cereso 3 operaba bajo un régimen de autogobierno, especialmente en el módulo de Los Mexicles, liderado por Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto.

“El fiscal tenía a su cargo el control del penal y no hizo nada para evitar lo que pasó”, afirma la legisladora. “Lo mínimo que esperábamos era su destitución. En lugar de eso, lo premiaron con otro puesto en el gobierno de Maru Campos”.

Pérez Reyes lamenta que este tipo de tragedias se hayan convertido en eventos administrativos, donde los responsables son protegidos y las víctimas olvidadas.

“No es justo que Fierro Duarte siga cobrando del erario mientras Carlos vive con una bala en la pierna y sin apoyo psicológico”, dice.

El horror que puede volver a pasar

El investigador de la UACJ, Salvador Salazar Gutiérrez, lo resume con una frase contundente: “El miedo no ha desaparecido. Solo se transformó”.

Salazar estudió a fondo el Cereso 3 como parte de una investigación financiada por Conacyt. Sus conclusiones son alarmantes: el ataque del 11 de agosto no fue una reacción espontánea ni un daño colateral. Fue una operación planificada desde dentro del penal para generar pánico social, demostrar poder y controlar territorio.

El académico insisite en que las condiciones que permitieron esa masacre siguen vigentes: 

– Corrupción estructural

– Abandono de la reinserción social

– Autogobiernos criminales y

– Un Estado que no actúa con inteligencia, sino con improvisación

Critica que la respuesta institucional al Jueves Negro haya sido punitiva —más armas, más cárceles, más mano dura— en lugar de estratégica.

Y mientras eso no ocurra, dice, “la violencia se puede repetir. Porque no hemos desactivado sus causas, solo la forma que adopta”.

Tres años después… no hay respuestas

Carlos sigue esperando. Esperando una cirugía. Una terapia. Un poco de justicia. A veces, hasta un gesto institucional que reconozca lo que vivió.

Pero en Ciudad Juárez, como ocurre con la mayoría de las víctimas, tendrá que sanar solo. Y entre sus silencios.