Revictimización y omisión: más de 1,500 familias denuncian violaciones de derechos humanos en el caso del crematorio Plenitud
Colectivo exige justicia, reconocimiento y acompañamiento para más de 1,500 familias afectadas
El caso del crematorio Plenitud refleja una grave vulneración de derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Las familias afectadas han sido privadas de justicia, verdad, reconocimiento y acompañamiento, lo que constituye una forma de revictimización institucional, señalaron miembros del Colectivo Justicia para Nuestros Deudos.
Dora Elena Delgado Barraza, vocera del grupo, indicó que legal y éticamente corresponde exigir que la Fiscalía cumpla con sus obligaciones de investigación, reconocimiento de víctimas y reparación integral, conforme a la Constitución, la Ley General de Víctimas y los tratados internacionales suscritos por México.
Las declaraciones del colectivo y de su vocera fueron dirigidas al Gobierno del Estado de Chihuahua, en la persona de la gobernadora María Eugenia Campos Galván; a la Fiscalía General del Estado zona norte; y a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
“En respuesta a las recientes declaraciones del fiscal general César Jáuregui Moreno en la ciudad de Chihuahua, el 12 de marzo, me permito señalar las violaciones a los derechos humanos que sin decoro alguno han sufrido más de 1,500 familias involucradas en el caso y registradas ante la Fiscalía General del Estado. Estas violaciones fueron cometidas por la Fiscalía Zona Norte, encabezada por Carlos Manuel Salas”, declaró Delgado Barraza.
En el ámbito nacional, la vocera aseguró que se vulneró el derecho al acceso a la justicia ante la negativa de las autoridades para permitir que las familias interpongan denuncias, lo que constituye una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho a acudir ante tribunales y autoridades competentes.
Delgado añadió que también se afectó el derecho a la verdad y al duelo digno, debido a la falta de entrega de cuerpos y al ocultamiento de información, vulnerando así el derecho de las familias a conocer el destino de sus seres queridos, reconocido en la jurisprudencia mexicana en casos de desaparición y trato indigno.
Asimismo, se transgredió el derecho al reconocimiento como víctimas, al no ser reconocidas las familias en esta condición, lo que constituye una violación a la Ley General de Víctimas, que establece el derecho a ser reconocidos, recibir acompañamiento y acceder a medidas de reparación integral.
Delgado subrayó que las acciones oficiales incumplieron también el derecho a la dignidad humana. La manipulación indebida de restos humanos y la ausencia de acompañamiento psicológico y social vulneran el artículo 1 constitucional, que protege la dignidad y los derechos fundamentales.
En cuanto a los derechos internacionales, se incumplió lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
Se violaron el artículo 8, sobre garantías judiciales, y el artículo 25, sobre protección judicial, al impedir el acceso a la justicia. Además, se transgredió el artículo 5, referente a la integridad personal, al generar sufrimiento y revictimización a las familias.
Respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se vulneró el artículo 7, que prohíbe tratos crueles, inhumanos o degradantes, aplicable al trato indigno hacia los restos y a la revictimización de los familiares.
“Los Principios de Naciones Unidas destacan la protección y promoción de los derechos humanos en la lucha contra la impunidad. Se ha vulnerado el derecho a la verdad y a la memoria al obstaculizar la recuperación de cuerpos y negar información a las familias”, enfatizó Delgado.
La vocera reiteró que, con las acciones de la Fiscalía Zona Norte, se negó la posibilidad de presentar denuncias, obstaculizando el acceso a la justicia. Además, señaló la falta de acompañamiento institucional, lo que incumple las obligaciones de atención integral a víctimas.
Finalmente, Delgado explicó que se produjo una revictimización al no reconocer a las familias como víctimas, negándoles reparación y apoyo. La omisión en la recuperación de los cuerpos implicó también un incumplimiento del deber de investigar y garantizar el derecho a la verdad.
“El caso del crematorio Plenitud refleja una grave vulneración de derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Las familias afectadas han sido privadas de justicia, verdad, reconocimiento y acompañamiento, lo que constituye una forma de revictimización institucional.
Legal y éticamente, corresponde exigir que la Fiscalía cumpla con sus obligaciones de investigación, reconocimiento de víctimas y reparación integral, conforme a la Constitución, la Ley General de Víctimas y los tratados internacionales suscritos por México”, concluyó la vocera del Colectivo Justicia para Nuestros Deudos.
