Ortiz Orpinel revisa caso de automovilista que denunció daños por alcantarilla
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El alcalde explicó que ya solicitó al secretario del Ayuntamiento una valoración del expediente
El Gobierno Municipal revisa el caso de Marilyn Granados, la automovilista que denunció daños en su vehículo tras caer en un sistema pluvial deteriorado y posteriormente exhibió en redes sociales las dificultades para solicitar la reparación del daño. El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó este viernes que personalmente da seguimiento al expediente para determinar si hubo alguna falla en el procedimiento y definir cómo avanzará el caso.
El caso cobró relevancia luego de que Granados difundiera videos en los que relató el recorrido que realizó por distintas dependencias municipales, los requisitos que le solicitaron y los obstáculos que enfrentó para tramitar la indemnización por los daños, estimados en cerca de 19 mil pesos. Tras la difusión del caso en medios locales y redes sociales, personal del Municipio reparó la alcantarilla donde ocurrió el incidente.
Ortiz Orpinel explicó que ya solicitó al secretario del Ayuntamiento una valoración del expediente y adelantó que, una vez concluido el análisis, buscará reunirse con la afectada para explicarle el resultado de la revisión y las alternativas para atender su situación.
El alcalde señaló que la Ley de Responsabilidad Patrimonial establece un procedimiento para determinar si el Municipio debe cubrir los daños, por lo que es necesario integrar el expediente, verificar la evidencia y confirmar qué autoridad es responsable del desperfecto que originó el incidente.
Precisó que no todos los daños ocasionados por baches, zanjas o sistemas pluviales corresponden al Municipio, ya que algunos pueden ser competencia de otras dependencias, como la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Agregó que cada reclamación requiere una investigación y la presentación de diversos requisitos antes de emitir una resolución.
Finalmente, Ortiz Orpinel aseguró que cuando se acredita la responsabilidad de la autoridad correspondiente, las indemnizaciones se pagan; sin embargo, insistió en que cada caso debe analizarse para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y evitar pagos sin sustento.
