CIUDAD JUÁREZ, EL GRAN CASINO DE LA IMPUNIDAD
En los casinos de apuestas, los casinos convencionales, donde muchos ludópatas dejan su patrimonio entero, usted y un servidor no tenemos ninguna probabilidad de ganarle a la casa (no en el largo plazo). Las máquinas tragamonedas están programadas con un porcentaje altísimo de recaudación; con un dado perfecto usted solo tiene 1 de 6 probabilidades de éxito, y en el Blackjack, el Bacarrá y la ruleta todo está dispuesto para que la casa gane.
Sin embargo, en el Gran Casino de la Impunidad -con destacada sucursal en Juárez- todo funciona al revés. Los criminales que aquí apuestan tienen todas las probabilidades a su favor. La corrupción, la falta de voluntad y la indolencia son requisitos para trabajar en este Casino, y la regla de oro es que la casa siempre pierda.
Según los datos del Observatorio Ciudadano de Ficosec, si tomamos un corte de 2021 a 2024, el índice de impunidad en Juárez para homicidios dolosos asciende a un escandaloso 92.1 por ciento. Esto es, por cada 100 asesinatos ocurridos en ese lapso en Juárez, nuestras autoridades solo pudieron resolver menos de 8 casos. Imagine jugar a la ruleta en Las Vegas con un margen de 92 por ciento de éxito. ¿Cómo podemos culpar a las bandas delincuenciales y sicarios por su gran entusiasmo y optimismo para seguir apostando en este fabuloso Casino de la Impunidad?
Solo mire usted. De acuerdo con los mismos datos de Ficosec, en el mismo periodo, el índice de impunidad para el robo de vehículo con violencia en nuestra ciudad promedia casi 90 por ciento, mientras que para el robo a casa habitación con violencia asciende al 87.5 por ciento ciento.
Así, el día que a cualquier maleante se le antoje bajarlo a punta de pistola y a golpes de su automóvil para robárselo, o meterse a su casa para hurtar y encima golpearlo o matarlo a usted o algún miembro de su familia, nuestras autoridades y nuestro “sistema de justicia” casi le garantizan que este sujeto quedará impune y listo para sus siguientes fechorías.
El gran embudo: nuestras fiscalías
Nuestro “sistema de justicia y seguridad” consta, en teoría, de varias fases: la prevención, la procuración de justicia, la impartición de justicia y la reinserción social. En ese orden, policías municipales, estatales y federales, fiscalías y agentes investigadores estatales y federales, jueces y magistrados, así como los penales, participan dentro de una cadena de facultades, competencias y obligaciones que deberían ser cumplidas.
Para Don Braulio, que ha observado por algún tiempo este “sistema”, uno de sus mayores embudos está en su fase de procuración de justicia, área dependiente del poder ejecutivo, no del poder judicial como suele pensarse. Esto es, tanto a nivel federal como a nivel estatal, la investigación de los delitos depende, en gran medida, del poder que encabeza la o el presidente de la República o el gobernador o la gobernadora en turno, por más que se insista en la existencia de fiscalías supuestamente autónomas.
Efectivamente, uno de los puntos clave para explicar un grado de impunidad tan insólito como el que padecemos son nuestros órganos de procuración de justicia. Si no hay suficientes agentes del ministerio público y agentes ministeriales investigadores para llevar a cabo las indagatorias en la posible comisión de delitos y la integración de sendas carpetas de investigación para llevar ante un juez penal a los presuntos responsables, el flujo en el “sistema de justicia y seguridad” se interrumpe y la impunidad prevalece.
Fíjese nada mas. En un municipio como Juárez se tienen asignados para al área de homicidios a un aproximado de 38 agentes del Ministerio Público, divididos en varios turnos y por funciones (levantamiento de denuncias, integración de carpetas, atención a audiencias, etc.), y únicamente a 24 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, mientras que más de 8 mil carpetas de investigación por homicidios permanecen rezagadas, y con esta cantidad de personal así seguirán por los siglos de los siglos.
Con lo anterior, no resulta difícil concluir que la justicia y la seguridad no son una prioridad para nuestros gobiernos y tampoco resulta difícil explicar un aberrante 92.1 por ciento de impunidad en homicidios dolosos.
Plataforma Centinela: realidad vs prioridad
Cuando una administración estatal se gasta miles de millones de pesos en una Plataforma Centinela, una estrategia tecnológica con la que se busca reforzar la vigilancia en todo el estado de Chihuahua, sobre todo a través de cámaras y arcos de seguridad, y no se enfoca, por ejemplo, en fortalecer el área de procuración de justicia, clave en el combate al delito, podemos pensar que para estas definiciones fundamentales de política pública se ha partido de un diagnóstico incorrecto para determinar las prioridades en una frontera como la nuestra.
Porque, suponiendo que la Plataforma Centinela resultara todo un éxito, y que a través de su tecnología, sus cámaras lectoras de placas, sus filtros y sus arcos centinela se lograra capturar a una gran cantidad de malosos, ¿quién les va a integrar sus carpetas de investigación y los va a llevar ante un juez penal para imputarles sus delitos? Precisamente, aquí es donde nos topamos con ese gran embudo, y así es como se interrumpe el flujo en un “sistema de justicia”.
En este Gran Casino de la Impunidad simplemente no hay suficiente interés, voluntad ni recursos para aumentar sus probabilidades de éxito.
¿Acaso con los miles de millones que se han ido en esta Plataforma Centinela y en un espectacular edificio de 20 pisos con sede en Juárez, no hubiera sido mejor fortalecer el “sistema” que ya se tenía? ¿No era mejor idea la contratación de más agentes del ministerio público, agentes investigadores, la mejora de sus condiciones laborales, invertir en capacitaciones especializadas y en un mayor equipamiento de diversas áreas? La respuesta parece obvia.
Cuando “representantes empresariales y ciudadanos” se representan solos
Sabemos que el rumbo se ha perdido (si alguna vez se tuvo) cuando un gobierno no alcanza a ver lo evidente, y sobre todo cuando una Mesa de Seguridad y Justicia en Juárez, con supuesta “representación ciudadana”, reconoce la labor y los resultados de una Secretaría de Seguridad Pública Estatal (y de su Capitán Centinela) por sus acciones para lograr la reducción de homicidios en el estado y en esta frontera, argumentando que todo esto se ve reflejado en que Juárez se ubica actualmente en la posición 17 de las ciudades más violentas del mundo. ¿De verdad?
Por el mismo camino andan muchas de nuestras organizaciones y cámaras empresariales. Unas le ponen alfombra roja a la administración estatal, otras a la municipal, pero la regla general es no importunar a nuestros gobernantes con sus ocurrencias. Lo que debería ser una representación gremial o de sector económico, una representación real de los intereses de la ciudad, se ha convertido en botín privado, en escalón político o en simple y vacua frivolidad que satisface el ego de “líderes” completamente extraviados.
¿Estamos tan ciegos como sociedad como para no ver el grado de impunidad que reina en municipios como Juárez y el gran incentivo que esto representa para todo tipo de actividades criminales? ¿Estamos tan ciegos para no conectar de una manera lógica la falta de consecuencias para quienes cometen crímenes de todo tipo y el casi absoluto abandono de nuestras fiscalías que deberían procurar la justicia?
¿Estamos tan mal como para no preguntarnos quién o quiénes protegen o brindan seguridad a nuestras personas y nuestras familias? ¿En manos de quién estamos? ¿Por qué permitimos que un club de “aplaudidores de oficio” que se dicen “representantes gremiales o de la ciudadanía” sean quienes estén sentados con nuestras autoridades ministeriales y de seguridad, festejando cuanta acción o inacción se les antoje, consintiendo que el dinero de todos nosotros se gaste en lo que nuestros gobernantes consideren conveniente y no en lo que realmente necesitamos como comunidad?
¿Acaso somos una partida de imbéciles?
Se necestaría ser un un débil mental, un verdadero imbécil, para aceptar y hasta normalizar que una empresa de seguridad a la que hemos contratado para que cuide de nosotros y de nuestra familia, no sea capaz de proporcionarnos ningún tipo de seguridad, pero si exija, puntualmente y con muchas agallas, su pago mensual.
Se necesitaría ser un verdadero estúpido para aceptar, sin chistar, que dicha empresa de seguridad gaste en todo, menos en temas que tengan que ver directamente con el servicio de custodia al que se ha comprometido, para luego sostener que no hay recursos suficientes para cuidar de nosotros y nuestras familias.
¡Pues oh sorpresa! Nuestros gobiernos, nuestra clase gobernante, que se sostienen con “dinero público”, esto es, con nuestro dinero, con el producto de nuestro trabajo, con nuestros impuestos, no son capaces de proporcionarnos un mínimo de seguridad, pero si resultan sumamente eficientes para esquilmarnos año con año, con el pago de nuestras obligatorias “contribuciones”.
Ni siquiera una clásica organización mafiosa que oferte protección a través de un esquema de extorsión tendría tal descaro con sus “clientes”.
Al aceptar que los criminales tengan estas bajísimas probabilidades de ser castigados por sus conductas antisociales, y al sostener, sin cuestionar ni exigir, a una clase gobernante y política impresentable por sus resultados, nos hemos convertido, efectivamente, en una partida de imbéciles sin dignidad ni capacidad de raciocinio, sin voluntad para alzar la voz y pedir lo mínimo que un Estado debe ofrecer y brindar a la ciudadanía: seguridad y justicia.
Hay que estar muy ciegos para no ver que más del 92 por ciento de los homicidios registrados en Juárez entre 2021 y 2024 permanecen hasta hoy sin castigo, mientras que hay miles y miles de delitos consignados en carpetas de investigación que quedarán en el olvido, más los miles que se seguirán acumulando.
A partir de esta realidad, Don Braulio sostiene que el mayor incentivo para la delincuencia y el deterioro de nuestro ya muy dañado tejido social no son las armas, las drogas o el dinero.
Tampoco el supuesto reacomodo de las bandas delincuenciales en esta región, sino la absoluta certeza de los criminales de que no habrá consecuencias para ellos, hagan lo que hagan, maten a quien maten.
Estos son los “piensos” de un sombrerudo desocupado. Tómelos o déjelos por ahí.
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