Exigen justicia tras amparo concedido por juez federal en Ciudad Juárez
Genera caso indignación social y reaviva el debate sobre la supervisión de servicios funerarios
Bajo el título “¡Dignidad para nuestros muertos, justicia para los vivos!”, familiares de víctimas del caso del Crematorio Plenitud difundieron una carta abierta dirigida a la opinión pública, a medios nacionales e internacionales y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que expresan su rechazo e indignación por la resolución judicial que ordena la liberación del propietario del establecimiento.
Las familias cuestionan la decisión del Juez Séptimo de Distrito en Ciudad Juárez, Luis Eduardo Rivas Martínez, quien concedió un amparo que permite la libertad de José Luis A. C., dueño del crematorio, prevista para este viernes a las 6:00 de la tarde.
En el documento, los afectados califican como “una burla para la sociedad” que el hallazgo de 386 cadáveres en condiciones inhumanas y la presunta entrega de cenizas falsas que describen como basura y escombros— sean considerados “irregularidades administrativas” y no delitos graves.
“Tratar a nuestros seres queridos como desperdicios y lucrar con el duelo más profundo no es un error de trámites; es una atrocidad que desgarra el tejido social”, señalan en la misiva.
Señalan abandono institucional
Las familias advierten que mientras el propietario recupera su libertad, cientos de personas permanecen en incertidumbre, cargando afirman urnas con restos que no corresponderían a sus familiares y enfrentando el impacto emocional del caso.
Desde esta frontera, describen, “golpeada por la violencia y el olvido”, hicieron un llamado directo a la presidenta Sheinbaum para que intervenga y revise la actuación judicial, al considerar que el fallo representa un agravio no solo para las víctimas, sino para la confianza en el sistema de justicia.
Exigen intervención federal
Entre sus demandas, los firmantes solicitan:
- Intervención directa del Gobierno Federal para revisar la actuación del juez federal.
- Que la Fiscalía General de la República atraiga el caso ante lo que consideran incapacidad o falta de voluntad de autoridades locales.
- Que el manejo indigno de restos humanos sea castigado con todo el peso de la ley y no reducido a faltas administrativas.
“La justicia que se demora o que se pierde en tecnicismos de amparo no es justicia. Es complicidad”, concluye la carta fechada el 13 de febrero de 2026 en Ciudad Juárez.
El caso ha generado indignación social y reaviva el debate sobre la supervisión de servicios funerarios, la actuación del Poder Judicial y la protección de los derechos de las víctimas en México.
