Buscan frenar impunidad de deudores alimentarios en Ciudad Juárez con nueva reforma estatal
La iniciativa propone inscribir automáticamente a quienes incumplan con la pensión alimenticia y aplicar sanciones patrimoniales para garantizar el sustento de niñas y niños
En Ciudad Juárez, decenas de madres enfrentan largos procesos judiciales para exigir el pago de pensiones alimenticias que en muchos casos nunca se cumplen. Ante esta problemática que afecta directamente a familias fronterizas, la diputada Xóchitl Contreras presentó una iniciativa de reforma que busca fortalecer el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas (REPDAM) y aplicar sanciones efectivas contra quienes incumplen con la manutención de sus hijos.
La propuesta cobra especial relevancia en la frontera, donde las estadísticas oficiales muestran que el incumplimiento de pensiones alimenticias es una problemática persistente.}
Tan solo en 2023 se registraron 508 incidencias por este delito en Ciudad Juárez, mientras que durante el primer bimestre de 2024 se reportaron 83 carpetas de investigación en el municipio por incumplimiento de obligaciones familiares, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia ha abierto 52 carpetas de investigación en Juárez por incumplimiento de pensión alimenticia dentro de un total estatal de 244 casos recientes.
Pese a estas cifras, el padrón estatal de deudores alimentarios es reducido. El Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas cuenta actualmente con apenas 48 personas inscritas, lo que refleja que el mecanismo legal existente se aplica muy poco en comparación con la magnitud del problema.
La legisladora explicó que esta situación genera una carga económica desproporcionada para las madres, quienes con frecuencia terminan solventando solas los gastos de alimentación, educación, vivienda y salud de sus hijos.
“Cuando un padre deja de pagar la pensión, la carga recae completamente en la madre. Muchas tienen que endeudarse o sacrificar oportunidades laborales para sacar adelante a sus hijos”, señaló Contreras.
La iniciativa busca que el registro de deudores se aplique de oficio desde el primer incumplimiento de la pensión provisional, sin que la madre tenga que iniciar nuevos trámites judiciales, y que la inscripción en el padrón se realice en un plazo máximo de 24 horas.
También plantea obligar a instituciones como el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a bancos y empleadores, a informar a los jueces sobre los ingresos y bienes de los deudores en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Entre las consecuencias que contempla la reforma destacan la imposibilidad de vender propiedades, el bloqueo de cuentas bancarias por orden judicial, la retención de devoluciones fiscales y la restricción para ocupar cargos públicos o ser candidatos, además de impedir trámites notariales mientras se mantenga el adeudo.
La propuesta también busca conectar el registro estatal con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, así como establecer sanciones de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para funcionarios, notarios o patrones que obstaculicen el cumplimiento de la ley.
La diputada subrayó que la reforma pretende cerrar las brechas legales que actualmente permiten que muchos deudores eviten sus responsabilidades.
“El objetivo es que la ley funcione y que ninguna niña o niño en Chihuahua, y particularmente en Ciudad Juárez, quede desprotegido por la falta de cumplimiento de quien tiene la obligación legal de mantenerlos”, concluyó.
